Ecuador expulsará a más de 3,200 presos extranjeros del país

El presidente Daniel Noboa dispuso una serie de pasos que deberán ser cumplidos por las entidades ecuatorianas.

Internacional. Con la suscripción del Decreto 139, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, materializó su promesa de iniciar un proceso que permita repatriar a los presos extranjeros que cumplen sentencias en Ecuador. Según el Código Penal, las condenas contra personas extranjeras resueltas por autoridades ecuatorianas “podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado”.

Para lograr la repatriación de 3,200 prisioneros, de los cuales casi 1,500 son de nacionalidad colombiana, Noboa dio instrucciones al servicio de cárceles y a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Gobierno.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), deberá cumplir con los procedimientos administrativos que permitan repatriar a los presos extranjeros para que cumplan la sentencia en el país de origen, luego, las carteras de Estado mencionadas se encargarán de las acciones dispuestas bajo los tratados bilaterales y multilaterales respecto a la repatriación o traslado de presos a sus países con fin humanitario.

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Según el primer mandatario, la repatriación permitirá reducir el hacinamiento en las cárceles y disponer de los recursos económicos estatales que se enfocaban en esas personas.

En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que los problemas del sistema carcelario del Ecuador son de “carácter estructural que se viene acuñando desde hace por lo menos dos décadas”. Las principales razones de la crisis, de acuerdo al informe, son el debilitamiento de la institucionalidad, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su impacto en el ámbito penitenciario, que se realizó en el 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno.

Entre las recomendaciones que entrega la Comisión en el informe está que se incremente el personal de las prisiones que debe estar a cargo de la seguridad en los centros penitenciarios, además, insta a que el gobierno actúe en la reducción de la población carcelaria para “remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido”.

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